Hay actividades de los grupos de interés que me dan miedo. Me parece indecente que el Gobierno está auspiciando conversaciones contra los derechos de todos los ciudadanos. Reproduzco seguida y ligeramente editada la nota de prensa emitida por la FFII española.
«Hay cerca de cuatro millones de ciudadanos que no pueden acceder a la banda ancha en España debido a su lugar de residencia. A este indicador negativo para el desarrollo doméstico de la Sociedad de la Información se le podrían sumar bajas masivas de clientes del ADSL más lento y caro de Europa.
Parece que las entidades representativas de la comunidad internauta, los profesionales y los consumidores informáticos en España estiman en cuatro millones la cifra de clientes de banda ancha —ADSL y cable-modem— que podrían darse de baja si finalmente se confirma el acuerdo entre Redtel y las sociedades de gestión de los derechos de autor, abanderadas por la SGAE, para que en España se den tres avisos antes de desconectar o ralentizar la conexión a internet por usar redes P2P. A la disminución de ingresos de las operadoras con red propia se sumarían las posibles indemnizaciones que podrían derivarse por incumplimiento de contrato y las sanciones aplicables sobre la base de los artículos 8 («Restricciones a la prestación de servicios y procedimiento de cooperación intracomunitario») y 11 («Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación») de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, modificado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Mientras las operadoras de telecomunicaciones tratan de sortear la crisis, las sociedades de gestión de los derechos de autor intentan conseguir prebendas para las empresas productoras de contenidos tratando de convencer a todo el mundo de que el intercambio de archivos entre particulares por internet es un acto delictivo y que supone fuertes pérdidas al sector de entretenimiento.
Sin embargo, tanto la fiscalía como las sentencias dictadas establecen que el intercambio de archivos con copyright restrictivo mediante redes P2P no es un delito si no hay ánimo de lucro y no es punible de ninguna forma cuando se trata de archivos públicos o bajo licencias copyleft (la mayoría de los casos).
Las propias entidades de gestión de derechos de autor han reconocido en el «Informe 2008 de la industria de contenidos digitales en España» (pdf), publicado por ASIMELEC, que no hay una bajada de ingresos en el sector y que solo la música tiene un retroceso en la venta a través del canal tradicional (aunque no se informa del aumento de ingresos por, entre otros, actuaciones en directo, descargas y publicidad).
Lo cierto es que las negociaciones que se están llevando a cabo bajo el auspicio del Ministerio de Cultura pueden suponer que algunas de las empresas más solventes y con mayor capacidad tecnológica de España empiecen a perder clientes a marchas forzadas. Ello repercutirá en su cuenta de resultados y en su capacidad de mantener el empleo.
Pero lo más grave es que un acuerdo de esta naturaleza atenta contra la libre competencia, frena en seco el acceso a la Sociedad de la Información en España menoscabando los derechos civiles de los ciudadanos y alejando aún más el derecho constitucional de acceso a la cultura y al conocimiento.»
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4 comentarios en “¿Podrá soportar España 4.000.000 de bajas de clientes de banda ancha?”